Se cumplen siete años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra el activista Arturo Hernández Cardona en Guerrero. Testigos acusaron al entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de ser autor material. Este es el único crimen por el que está preso Abarca; quien está por librarse de los cargos de Ayotzinapa.
Por Lydiette Carrión
Guerrero, 2 de junio (Pie de Página).– José Luis Abarca era Alcalde de Iguala cuando los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. Abarca, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fueron los primeros en ser acusados por el crimen contra los normalistas. Sin embargo, su defensa prácticamente lo ha librado de este cargo; y en la actualidad sólo sigue detenido por el crimen contra Arturo Hernández Cardona, asesinado el 1 de junio de 2013.
El pasado 13 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió el caso y el Estado mexicano tiene tres meses para responder sobre el expediente. Sin embargo, la familia de Hernández Cardona no cuenta con medidas cautelares, a pesar de lo riesgoso del caso y a pesar de que la CIDH las emitió desde 2014.
CRÓNICA DE UN CRIMEN DE ESTADO ANUNCIADO
En enero de 2013, diversas organizaciones sociales se aglutinaron en la Unidad Popular en Iguala; exigían cuestiones, como vivienda, obra social y fertilizante para campesinos. Uno de los miembros era el ingeniero Arturo Hernández Cardona, perredista, de la corriente IDN, y líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).
Desde que la UP surgió, tuvo una relación tensa con el Alcalde. Y ya desde entonces los rumores acusaban a éste de vínculos criminales. En medio de ese, estira y afloja, el 7 de marzo de aquel año, un edil del cabildo, Justino Carvajal, fue asesinado. Carvajal era sobrino del político guerrerense Félix Salgado Macedonio, de gran relevancia no sólo local, sino nacional.
Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, con armas de grueso calibre, se apostaron frente a las oficinas de la UPEZ, la organización de Hernández Cardona. Años más tarde, familiares de Carvajal señalarían a Abarca del crimen. Pero en esos días, el Alcalde fue quien acusó a Hernández.
Pasaron los meses y las discusiones fueron subiendo de tono. Mientras, Iguala también se descomponía. Fueron hallados narcolaboratorios, fosas; Guerreros Unidos.
LA DAMA DE IGUALA
Ángeles Pineda Villa acompañaba a todos lados a su esposo. Reporteros, funcionarios la recuerdan siempre muy elegante; y también que en las reuniones de cabildo hablaba más que el propio Abarca. Era ella quien daba algunas órdenes. La describen prepotente. Muy bonita, afantasmada de tan blanca. Y muy malencarada.
En septiembre de 2009, la Secretaría de Seguridad Pública anunciaba que habían sido hallados asesinados dos operadores de los Beltrán Leyva en Morelos y Guerrero. Uno de ellos era Alberto o Antonio Pineda Villa, alias «El Borrado». El otro se llamaba Mario.
Alberto y Mario Pineda Villa eran hermanos de María de los Ángeles.
PALABRA DE MUERTE
Para el 29 de mayo de aquel año, Arturo Hernández se presentó ante el cabildo con sus compañeros de la UPEZ. Quienes estuvieron ahí refieren que las cosas se pusieron muy tensas. Abarca al final gritoneó:
–Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajo.
Hernández Cardona le reviró:
–¿Para qué tienes gente, Presidente? ¿Para qué trabajo? ¿Nos vas a matar?
Ese mismo día, varios miembros de la UPEZ interpusieron una denuncia contra el Presidente Municipal y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y contra Felipe Flores Velázquez, Secretario de Seguridad Pública Municipal.
Los demandantes fueron los siguientes: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, J. Carlos Dorantes García, Rafael Ochoa, Justino Amos Osores Narcizo, Ángel Román Ramírez, Daniel Jardon López, Francisco Abarca Perales, Feliciano Ortiz Delgado, Gregorio Dante Cervantes Maldonado, y Bernardo Cruz Manjarrez.
Declararon que tenían «temores fundados» de que los demandados podrían privarlos de vida.
Al día siguiente, el 30 de mayo, los mismos simpatizantes bloquearon intermitente la carretera federal de la México–Acapulco. Hubo pleitos con la policía. Pero al final del día se retiraron.
Los últimos en irse fueron ocho: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón.
Se alejaron en una camioneta particular. En el trayecto los desaparecieron.
EL HALLAZGO DE LOS CUERPOS
El 1 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron los cuerpos. Sobre la carretera Iguala–Chilpancingo estaban maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Otros cuatro –Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes– lograron escapar de sus captores.
Posteriormente se tuvo conocimiento que Jimmy Castrejón, el último de los desaparecidos, pudo escapar el mismo día de la captura, pero se mantuvo oculto por miedo.
Pero en Iguala no se supo nada sino hasta el 3 de junio. El activista Héctor Arroyo Delgado, una de las personas que logró escapar, se comunicó vía telefónica con el defensor de Derechos Humanos Bertoldo Martínez Cruz. Le dijo que habían asesinado al ingeniero Hernández Cardona el día siguiente a la desaparición –el primero de junio– y que él se iba Iguala, pues temía por su vida.
AYOTZINAPA Y HERNÁNDEZ, DESTINOS UNIDOS
Hernández Cardona era un hombre reconocido en todo Guerrero. El 3 de junio, cuando la gente todavía no sabía del desenlace, las organizaciones sociales marcharon para exigir que aparecieran con vida en el centro de Iguala. Vinieron activistas de varias partes del estado, entre ellos los normalistas de Ayotzinapa.
Sofía, era pareja de Hernández Cardona en ese entonces.
Durante la manifestación recibió una llamada anónima: Le sugerían ir al Semefo, ya que ahí se encontraban tres cuerpos. Sofía fue, y constató que eran ellos. La noticia se esparció inmediatamente, y cuando llegó a los manifestantes reunidos, las cosas se salieron de control. Normalistas rompieron los vidrios de la Presidencia Municipal.
Dicen que Abarca nunca los perdonó. Para noviembre, cuando algunos estudiantes regresaron a esa ciudad, los recibieron a balazos. Por suerte, aquella vez no pasó a mayores.
EL ALCALDE OSCURO Y SU IMPUNIDAD DE HIERRO
El sobreviviente Nicolás Mendoza Villa declaró muchas veces: ante la Procuraduría estatal de Guerrero, ante un notario particular en 2013, y ante la prensa. En todas acusó directamente a Abarca. Pero nadie lo detuvo, no hubo investigación. Abarca y su esposa siguieron reinando en Iguala.
La Unión Popular se disolvió. Los sobrevivientes huyeron uno por uno de Iguala.
Para marzo de 2014, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo el caso. Mendoza Villa también declaró ahí. De nuevo no pasó nada.
El caso permaneció en punto muerto y Abarca continuó gobernando al lado de su esposa… hasta el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos.
Un mes después, el 24 de octubre, la Siedo por fin emitió una orden de aprehensión por el caso Hernández Cardona.
Si bien los hechos ocurrieron en Iguala, Guerrero, Abarca se encuentra en la Prisión de Alta Seguridad en el Estado de México. Y el expediente se encuentra en Matamoros, Tamaulipas. Esto ha impedido que los familiares de Hernández Cardona, puedan dar seguimiento adecuado.
